1974:La agonía del gobierno peronista La muerte de Perón dejó sin control al conjunto de fuerzas que habían coexistido conflictivamente bajo su liderazgo. Cierto es que la ruptura entre las facciones peronistas había alcanzado un punto sin retomo antes de julio de 1974. Pero cierto es también que la muerte de Perón privó al gobierno de una conducción legítima y aceptada por el conjunto del peronismo, que pudiera reformular los acuerdos políticos y sociales para asegurar la gobernabilidad del país. En su lugar, ejerció una vacilante dirección su viuda, acompañada y aconsejada por el cada vez más influyente ministro de Acción Social y secretario privado de Perón, José López Rega. 
(En la foto Hectór Campora saluda al presidente saliente Alejandro Lanusse en 1973)
Además del entorno presidencial, el otro factor de poder en el seno del gobierno era el sindicalismo. Los sindicatos se sintieron relevados de los compromisos que habían asumido en 1973 y se dedicaron a deshacer el diseño político trabajosamente armado por Perón. Poco después de la muerte de Perón, la dirección de la CGT pasó a manos de sindicalistas que creían que el movimiento obrero debía entrar en la etapa política abierta con la muerte del presidente libre de viejos compromisos con el gobierno. Los nuevos compromisos que la nueva dirigencia negoció con el gobierno apuntaban a la reformulación del Pacto Social y al desplazamiento de los líderes sindicales y políticos opositores al oficialismo cegetista.
Perón y su esposa Isabel Martinez cuando asumían la presidencia de la republica Argentina el 12 de octubre de 1973
La concesión de la renegociación del pacto social desencadenó la renuncia de Gelbard. Esta reorganización del gobierno, que llevó a López Rega a la cúspide de su poder y fortaleció a la burocracia sindical, coincidió con un recrudecimiento de la violencia.
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| Hacia mediados de 1975, el conjunto de acuerdos que Perón había articulado y que habían constituido el eje de su proyecto de institucionalización política, habían fracasado y el país parecía marchar sin rumbo. La llegada de Celestino Rodrigo (foto izquierda arriba) al Ministerio de Economía agudizó aún más los problemas. Con el apoyo de López Rega, (foto izquierda) Rodrigo adoptó una serie de medidas, conocidas como el “Rodrigazo” —devaluación del peso entre un 100% y un 160%. incremento del 181 % en el precio de la nafta y del 75% en los precios del transporte, y o-tras medidas similares— que tuvieron como efectos inmediatos una aceleración brusca de la inflación y una crisis política. La crisis política culminó con el desplazamiento de Rodrigo y de López Rega, provocados por una exitosa huelga general declarada por la CGT. |
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Isabel Perón se alejó temporariamente del gobierno, que quedó en manos del presidente del Senado, Ítalo Luder (foto derecha). El ministro de Economía, Antonio Cafiero, apoyado por la CGT, procuró infructuosamente controlar la inflación. El retorno de Isabel Perón a la presidencia, la crisis interna del peronismo, la agudización de la violencia política, y la falta de colaboración —en muchos casos, abierta oposición— del empresariado y las Fuerzas Armadas, quitaron al gobierno toda base de apoyo.
Un golpe anunciado
El descontrol económico, la violencia política y la evidencia de la descomposición del gobierno abrieron la brecha por la cual tos militares volvieron al gobierno. El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar —integrada por los comandantes de las tres armas, Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R. Agosti (Aeronáutica)— derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón e inauguró lo que denominó “Proceso de Reorganización Nacional”. Esta nueva intervención militar fue diferente de las anteriores.
Masera-Videla-Agosti
Representantes de las Tres Fuerzas Armadas
El golpe de 1966 había originado un gobierno sostenido, en última instancia, por las Fuerzas Armadas; en 1976 el gobierno fue ejercido en forma directa y en todos sus niveles por las Fuerzas Armadas. Como señaló el nuevo presidente, el general Jorge R. Videla, el 25 de mayo de 1976:
“Las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas. Como consecuencia de ello y previendo la inexorabilidad de la crisis, se prepararon para hacer frente a esta situación y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional.”
El gobierno militar se propuso transformar de raíz la sociedad argentina. No se trataba simplemente de corregir una política económica, de derrotar a la guerrilla o de resolver una crisis institucional. Para ello hubieran bastado algunos cambios dentro de la legalidad constitucional. Lo que para la Junta Militar estaba en cuestión era la existencia misma de una nación. Para resolver esta crisis, entonces había que “reorganizar” la sociedad argentina, en un “proceso” que no tenía “plazos” sino “objetivos”.
Esta “reorganización” tuvo expresiones concretas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y ejercicio autoritario del poder. Finalmente, culminó con la derrota militar en la Guerra de las Malvinas.
La represión ilegal —que tuvo su apogeo entre 1976 y 1978— fue uno de los rasgos básicos del gobierno militar. La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno. La represión, cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los más altos niveles de decisión política y militar, fue, al mismo tiempo, clandestina. Sus destinatarios no fueron exclusivamente los integrantes de las organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada, sino que se extendió a un conjunto de actores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras.
El decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal”. La ley n.0 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.
Las modalidades clandestinas de la represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos —se verificó la existencia de más de trescientos—, la tortura y, en la mayoría de los casos, la ejecución. La Junta Militar implantó la pena de muerte. Sin embargo no la aplicó legalmente sino fuera de la ley. Como consecuencia de ello, surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas —alrededor de diez mil casos comprobados, aunque algunas estimaciones triplican esa cifra—, incluyendo a personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. Las consecuencias de la represión incluyeron también a la gran mayoría de la población, que vivió en un clima de miedo de censura.
A pesar de su pretensión de homogeneidad y firmeza, el gobierno militar estuvo atravesado desde sus orígenes por profundas divisiones internas, derivadas en buena medida de la particular traducción a la acción que adquirió la decisión de asumir institucionalmente el gobierno. El principio general que aseguró la participación de las tres fuerzas en el gobierno fue la distribución de la administración pública en todos sus niveles y modalidades —nacional, provincial, municipal, empresas del Estado, universidades— en partes iguales. Cada fuerza, o más precisamente, el cuerpo de oficiales de cada fuerza, se quedó con una tercera parte de los cargos públicos. Esta decisión -que revelaba la índole de las relaciones entre las fuerzas, caracterizadas por una profunda desconfianza— marcó también una diferencia entre el gobierno del “Proceso” y las anteriores intervenciones militares, que contaron con mayor peso de funcionarios civiles en la administración pública.
Entre 1976 y 1981, la gran mayoría de los altos cargos de la administración pública estuvo en manos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto perjudicó el funcionamiento del Estado, fundamentalmente porque cada funcionario pasó a depender de dos jefes: su superior jerárquico en el escalafón de la administración pública y su superior militar. Esta doble dependencia contribuyó a fragmentar el Estado en múltiples unidades que gozaban de una autonomía de hecho, con los previsibles efectos de corrupción. Además, el mismo ordenamiento institucional y jurídico del gobierno del “Proceso” se caracterizó por su incoherencia y arbitrariedad. Como lo puso en evidencia la acción represiva, el gobierno militar no cumplió con las leyes que él mismo había dictado.
Estado legal, Estado Clandestino
“El Estado se vio afectado de forma más profunda aún. El llamado Proceso de Reorganización Nacional supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que sometían sus acciones a una cierta juridicidad. En la práctica, esta distinción no se mantuvo, y el Estado ilegal fue corroyendo y corrompiendo al conj unto de las instituciones del Estado y a su misma organización jurídica.
La primera cuestión oscura era dónde residía realmente el poder, pues pese a que la tradición política del país era fuertemente presidencialista, y a que la unidad de mando fue siempre uno de los principios de la Fuerzas Armadas, la autoridad del presidente —al principio el primero entre sus pares, y luego ni siquiera eso— resultó diluida y sometida a permanente escrutinio y limitación por los jefes de las tres armas."
LUIS ALBERTO ROMERO
Breve Historia Contemporánea de Argentina (1994)
La Economía Durante el Gobierno Militar
La política económica del gobierno militar fue decidida y ejecutada durante cinco años por José Alfredo Martínez de Hoz. Ministro de economía entre 1976 y 1981. Martínez de Hoz concentró un enorme poder, que le permitió tomar decisiones que transformaron profundamente el funcionamiento de la economía y la sociedad argentinas. El programa económico que Martínez de Hoz presentó al país el 2 de abril de 1976 era de inspiración liberal y postulaba la necesidad de pasar de una economía de especulación a una de producción, por medio del estímulo a la libre competencia y la limitación del papel del Estado en la economía. Estos objetivos no fueron alcanzados. Por el contrario, el resultado de la política económica de Martínez de Hoz fue un crecimiento explosivo de la especulación financiera y una caída dramática de las actividades productivas.
En un primer momento, el gobierno militar tomó una serie de medidas de estabilización —que contaron con el apoyo del Fon-do Monetario Internacional y la banca privada extranjera— para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y equilibrar el sector externo. Se devaluó la moneda, se redujo el déficit del sector público —en buena parte congelando los salarios— y se consiguió financiamiento externo. La política económica tuvo un sesgo fuertemente antiobrero: se suspendió el derecho de huelga y se redujo la participación de los asalariados en el PBI (producto bruto interno).
Una vez controlada la crisis abierta con el Rodrigazo, el equipo económico definió y llevó adelante dos medidas principales: la apertura de la economía y la liberalización de los mercados financieros.
La apertura de la economía era la apertura del mercado interno a la competencia exterior —no la promoción de la exportación de la producción nacional—. El instrumento principal de esta política fue la reducción de los aranceles de importación. Posteriormente, la sobrevaluación del peso se sumo a esta medida, lo que comprometió seriamente la actividad productiva —afectada además por las altas tasas de interés—.
La liberalización del mercado financiero se llevó a cabo con la liberación de la tasa de interés y la autorización para el funcionamiento de nuevos bancos e instituciones financieras. Sin embargo el Estado, que renunciaba a los controles, garantizaba los depósitos a plazo fijo tomados por entidades financieras privadas.
En 1978 el gobierno militar estableció una pauta cambiarla —conocida popularmente como la “tablita”— que determinaba una devaluación mensual del peso. Esta devaluación era decreciente y tendía a cero. El objetivo declarado de esta medida era controlar la inflación. Este objetivo no se alcanzó. En cambio, lo que se fomentó fue una fuerte especulación con una gran masa de dinero colocada a corto plazo —favorecida por la abundancia de dólares en el mercado internacional— basada en la existencia de altas tasas de interés y la garantía del Estado sobre el precio de recompra de los dólares.
Algunas palabras y frases de uso habitual en la época —“plata dulce”, ‘bicicleta”,‘deme dos"— dan cuenta de las características de un período de prosperidad artificial y de especulación financiera.
La euforia financiera contrastaba con el comportamiento del sector productivo, apremiado por el endeudamiento. El sector industrial, en particular, sufrió una profunda mutación, que incluyó una caída en su producción, una disminución de la mano de obra ocupada y el cierre de numerosas plantas.
El esquema de Martínez de Hoz estalló en 1980, de la mano de la quiebra de importantes entidades financieras —entre ellas uno de los mayores bancos privados— y el Estado terminó haciéndose cargo de los pasivos de los bancos quebrados.
El Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 se celebró en Argentina y contó con el decidido apoyo de la dictadura militar
En 1981, el general Viola reemplazó en la presidencia a Videla, y Martínez de Hoz también fue reemplazado. En ese año, el descalabro económico llegó al extremo. El gobierno dispuso una devaluación del peso del 400%, al tiempo que la inflación llegaba al 100% anual. Esta devaluación tomó impagables las deudas en dólares de las empresas privadas. El Estado nacionalizó las deudas, lo que acrecentó el endeudamiento público.
A pesar de su carácter liberal, la política económica de Martínez de Hoz incluyó una expansión considerable del papel del Estado en la esfera económica. Esto se debió en parte a la decisión de la cúpula militar de mantener en la órbita estatal a las empresas públicas —cuyos directorios, por otro lado, fueron ocupados por militares—. Además, durante este período creció la inversión pública. Muchas obras públicas fueron ejecutadas por contratistas privados y algunas empresas del Estado privatizaron parte de sus actividades —lo que se llamó “privatización periférica”—. En este último caso se incluyó la subcontratación de tareas de búsqueda y explotación petrolera y de tareas de reparación de materiales y mantenimiento de vías en los ferrocarriles, la provisión de equipos telefónicos, la recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de estas actividades se fue configurando un poderoso grupo de empresas contratistas del Estado.
Otras áreas de crecimiento del gasto público fueron la estatización de empresas privadas en dificultades —como la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad y la compañía Austral— y la notable expansión del gasto militar.
En 1978, el conflicto limítrofe con Chile por la zona del canal Beagle estuvo a punto de desencadenar una guerra. Las Fuerzas Armadas fueron reequipadas con vistas al enfrentamiento y movilizaron tropas hacia la frontera. La guerra se impidió por la mediación del Papa Juan Pablo II.
Entre la apertura y la guerra
El estallido del programa económico coincidió con el cambio de presidente. El débil ganador en la puja interna de la cúpula militar fue el general Roberto Viola, designado presidente por la Junta de comandantes, en setiembre de 1980. Viola, que asumió en marzo de 1981, se propuso modificar la orientación de la política económica y encontrar una salida política para el régimen militar. Este intento de cambio obedecía a la percepción por parte de una fracción del Ejército del fracaso de la política de Martínez de Hoz y de la necesidad de buscar nuevos aliados. Viola dividió el Ministerio de Economía en cinco carteras, con el propósito de “despersonalizar” la política económica, incorporó una mayoría de civiles al gabinete, produjo un acercamiento con los sectores propietarios —nombró dirigentes representativos del sector rural y del industrial en los ministerios de Agricultura e Industria— e inició un diálogo con sindicalistas y políticos.
Este intento de encontrar nuevas bases de apoyo para el régimen militar fracasó. En el terreno político, la apertura fue recibida con frialdad por las principales fuerzas políticas, que dudaban de la representatividad de Viola dentro de las Fuerzas Arma-das y, por consiguiente, de la viabilidad de su política. En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria —convocada por la Unión Cívica Radical e integrada por los partidos
Justicialista, Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo—, con la finalidad de ofrecer un bloque político unificado “tendiente a recuperar la vigencia de las instituciones democráticas y a ofrecer al país, coyunturalmente, una propuesta de solución ante la emergencia nacional”.
Sin embargo, la oposición decisiva al proyecto de Viola provino del frente interno militar. Esta oposición se manifestó como un conflicto de poderes entre la Junta Militar y el presidente, que culminó con el desplazamiento de Viola, en diciembre de 1981. Su reemplazante fue el general Leopoldo F. Galtieri. (foto arriba)
Galtieri intentó restablecer la imagen de autoridad del gobierno militar y retomar la orientación liberal de la política económica, que quedó en manos de un nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann (foto izquierda). Endureció las relaciones con los partidos políticos y con el sindicalismo, que por su parte endurecieron también su oposición. Una masiva concentración promovida por la CGT-Brasil —el ala más combativa del sindicalismo, diferenciada de la CGT-Azopardo, más conciliadora—, el 30 de marzo de 1982, fue duramente reprimida. Pero la magnitud y el carácter de la movilización mostraron que la oposición social y política había crecido.
Tres días más tarde, el régimen militar —que en 1978 había llevado al país al borde de la guerra con Chile, evitada por la mediación del Papa— inició su última etapa, con la ocupación militar de las islas Malvinas.
La Guerra de las Malvinas
El 2 de abril de 1982 el gobierno ocupó por la fuerza las islas Malvinas. La ocupación, si bien se originó en una decisión tomada en secreto por unas pocas personas y sin calibrar adecuadamente sus posibles consecuencias militares y políticas, contó con un amplio respaldo popular.
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El gobierno imaginó que la recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas políticos, en un momento en que el rumbo de la experiencia militar se veía comprometido. Al principio, eso pareció posible. Pero el gobierno había subestimado la respuesta de Gran Bretaña y creyó además que los Estados Unidos —cuyo principal aliado era precisamente Gran Bretaña— apoyarían la acción argentina.
La reacción británica —en buena medida motivada por razones de política interna— fue dura. El gobierno de Margaret Thatcher decidió enviar una poderosa flota y fuerzas militares para recuperar las islas. Los Estados Unidos, después del fracaso de la mediación del general Haig —que procuró que el gobierno argentino aceptara la resolución 502 de las Naciones Unidas y retirara las tropas de las islas— apoyaron decididamente a su principal aliado.
El gobierno militar decidió controlar estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución política y militar del conflicto, y creó un clima triunfalista que no se correspondía con el curso real de los acontecimientos.
En el piano de la política internacional, la Argentina recibió la adhesión de los países de América latina y del Movimiento de Países No Alineados, pero quedó aislada de las potencias occidentales. Un intento desesperado del gobierno argentino por cambiar sus alianzas y conseguir el apoyo de la URSS tampoco prosperó. En el plano militar, el poderío y la organización británicos superaron al caótico e improvisado dispositivo militar argentino. El 14 de junio de 1982, el mando militar argentino en Malvinas capituló ante los jefes británicos.
...El 15 de junio de 1982, las tropas argentinas se rindieron ante las inglesas. La guerra por las Malvinas había terminado. También empezaba el fin de la dictadura militar. (Foto: Archivo General de la Nación)
De Carter a Reagan
Las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos durante el “Proceso’ atravesaron dos atapas diferenciadas. En la primera, el gobierno de los Estados Unidos estaba en manos de James Carter, del partido Demócrata, que hizo de la defensa de los derechos humanos una de sus prioridades en América latina. Esta orientación lo llevó a un conflicto permanente con el gobierno argentino, que violaba sistemáticamente los derechos humanos. El cambio de administración —cuando el republicano Ronald Reagan reemplazó a Carter— tuvo como consecuencia un cambio de política con respecto a la Argentina. Reagan, que buscaba aliados para su política exterior, encontró en Galtieri un entusiasta adherente, dispuesto a alinear a la Argentina con la política exterior norteamericana y a intervenir militarmente en América central. Los Estados Unidos, por su parte, levantaron las sanciones que la administración Carter había impuesto a la Argentina. Galtieri, entusiasmado con los elogios norteamericanos e ignorante de la importancia relativa de los aliados de Estados Unidos, supuso que este apoyo se traduciría en una neutralidad benévola en el conflicto que pensaba iniciar con Gran Bretaña.
Dadas las condiciones militares del conflicto y el control de la información por parte del gobierno, la derrota militar fue a la vez inevitable e inesperada. Una de sus consecuencias principales fue la descomposición inmediata del gobierno militar. Galtieri renunció, la Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta y el comandante en jefe del Ejército designó a un nuevo presidente, el general Reynaldo Bignone. (foto a la derecha)
Fuente: Historia Argentina Luchilo-Romano-Paz
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